(ES) EL PAÍS - Sociedad

Todos los grupos políticos coinciden en proclamar que invertir en educación es construir futuro. Pero, a renglón seguido, en lugar de proponer juntos medidas que realmente mejoren el funcionamiento y la calidad de la educación española, se lanzan diatribas entre sí y se empeñan en usar la educación para descalificar al adversario ideológico. Y parece que el futuro de España no será boyante, a juzgar por los actuales recortes en educación, porque casi uno de cada tres alumnos no termina la enseñanza obligatoria y las evaluaciones sitúan nuestro sistema educativo por debajo de la media de los países de la OCDE.

El Ministerio de Educación y los nuevos gobiernos de las Comunidades Autónomas están adoptando en educación medidas de distinto calado, algunas con fuerte carga ideológica, exhibiendo un sorprendente desconocimiento del sistema educativo y mostrando un alto grado de improvisación, sobre cuestiones que merecerían mayor sosiego y más sentido de Estado.

Voy a fijarme en la sustitución del modelo de ayudas a las familias mediante el préstamo de los libros de texto por otro de ayudas directas a su adquisición según el nivel de renta. Ya en 1999, defendí en el Congreso de los Diputados, como ponente socialista, la gratuidad de los libros de texto, pero me opuse al modelo de préstamo y propuse que se ayudara a la mayoría de las familias para que los adquirieran, si fuera presupuestariamente inviable ayudar a todas. Esa fue la posición del PSOE, como figura en el Dictamen de la subcomisión creada al efecto (B.O. Congreso de los Diputados, D, 516, del 7 de diciembre de 1999), pero lamentablemente no fue la que adoptaron las consejerías socialistas de Educación, con la meritoria excepción del Gobierno de Asturias. Quiero recordar algunas razones del rechazo al modelo de préstamo, importado de Francia, que ya entonces se había mostrado poco eficiente y obsoleto.

Por delante de cualquier otro material didáctico, el libro de texto sigue siendo el recurso didáctico que más utilizan los docentes. También los padres lo consideran un elemento imprescindible para el estudio de sus hijos, tanto en los centros escolares como en el hogar. Ese libro no es solo para leer, como se lee una novela, sino una herramienta con la que trabajar diariamente para adquirir competencias y consolidar conocimientos. Y el avance de las nuevas Tecnologías no ha conseguido desterrarlo ni eliminar su validez e importancia.

En las conclusiones el Informe PISA del año 2000 afirma que “el grado en que los estudiantes emplean los recursos escolares (…) puede tener un impacto en el desempeño estudiantil”, en la “adquisición de las competencias básicas”. Aunque se refiere a todos los factores de trabajo escolar, el libro de texto no es el menor de ellos. Disponer del libro sólo en préstamo impide hacer un uso completo del mismo y obtener todo el proyecto educativo posible, pues, al no permitir trabajar directamente con él, dificulta el aprendizaje. Más aún, es una política contraria a la adquisición de la competencia lectora, que es uno de los principios de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y uno de los mayores déficits de nuestros alumnos en las evaluaciones PISA. Considerar el libro de texto un objeto de mera información, como las enciclopedias de antaño, contradice toda pedagogía solvente.

Como docente e hijo de docentes, aprecio el carácter individual e intransferible de un libro escolar, que es mucho mayor que en el resto de los libros, porque no sólo es objeto de lectura y reflexión, sino que el usuario ha de entenderlo y “sentirlo” como un útil de aprendizaje personal. Importa, y mucho, que los alumnos mantengan una relación activa con sus libros y que no sólo estudien ‘a partir de ellos”, sino que aprendan “con” ellos. El uso personal y creativo de esos libros favorece la motivación y el rendimiento académico. El estudiante ha de convivir diariamente durante casi un año de su vida con cada libro de texto y debe poder subrayarlo, glosarlo, remarcar textos, completar ideas…

Diferentes estudios e informes muestran que tanto los profesores como los padres se quejan, y con razón, de que los alumnos no puedan utilizar los libros en años posteriores como material de apoyo y consulta, especialmente en materias cuyo desarrollo curricular abarca varios cursos y en las que se suele hacer referencia a lo aprendido en el nivel previo. Les parece mucho más positivo que el libro de texto permanezca en poder del alumno, como un elemento de consulta, de remisión, de contraste, o de recordatorio de saberes que se pueden haber olvidado, o que conviene refrescar. En concreto, según un reciente informe del CSI-F de Andalucía, el 72 por ciento del profesorado andaluz considera que el modelo de préstamo aplicado allí impide la realización de determinadas actividades, refiriéndose en particular a técnicas de estudio básicas como el subrayado, el resumen o el esquema que implican hacer anotaciones o escribir en el propio libro. Y advierte también sobre las normas que muchos centros establecen restringiendo el uso y traslado de los libros del centro a la casa, ante la perspectiva de que tienen que aguantar cuatro cursos con los mismos ejemplares.

Además, la distribución en préstamo de libros ya usados por otros niños lleva a los padres con mayor poder adquisitivo a comprarlos nuevos para sus hijos. No sólo por las razones pedagógicas expuestas, sino por razones higiénicas y porque quieren que sus hijos estrenen los libros cuando empiezan un nuevo curso y no los lleven rotos y usados como los repetidores. Por ello, el modelo de préstamo produce que en la misma aula haya niños con libros nuevos y niños con libros viejos y ajados, porque no se pueden permitir el lujo de comprarlos nuevos; niños que pueden escribir y subrayar en el libro y niños que no pueden hacerlo, porque su libro “no es suyo”. La bienintencionada ayuda hace que compañeros que comparten los mismos medios materiales (edificio, aulas, mesas...) y humanos (profesores), se encuentren en una situación de notable desigualdad ante un elemento fundamental, el más personal, de trabajo. Semejante efecto discriminatorio entre los alumnos del mismo grupo por razón de su capacidad económica pervierte este modelo de ayuda.

Ahora bien, la alternativa no es entre la fórmula de préstamo o unas ayudas simbólicas y raquíticas. Se deben atender también otros principios básicos, como el derecho a la gratuidad. La Constitución Española establece que “todos tienen derecho a la educación” (artículo 27.1) y que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita” (27.4). Y encomienda a los poderes públicos que establezcan las condiciones y remuevan los obstáculos para que todos disfruten de ese derecho en condiciones de libertad e igualdad. La gratuidad ha de garantizar el acceso de todos a la enseñanza básica y obliga al Estado a financiar en los niveles obligatorios todos aquellos elementos esenciales en el proceso educativo.

Por tanto, las administraciones educativas deben impedir que la compra de los libros de texto obstaculice el derecho a la educación. Para ello, y a pesar de las ineludibles restricciones presupuestarias, se les debe dotar de los recursos necesarios para que las familias reciban las ayudas suficientes para adquirir los libros de texto y materiales escolares de la educación obligatoria, a fin de no poner en peligro el derecho a la educación y garantizar la calidad de la educación. Es más justo aplicar el rigor en otros capítulos de gasto. Si creemos que la educación es una prioridad, hay que mirar el gasto en educación como una cuestión de justicia social y una inversión en el futuro de los españoles.

Bernardo Bayona es profesor de Filosofía, exdiputado y exsenador socialista por Zaragoza

El Reino Unido va a ser, junto con Francia, un buen termómetro para medir el futuro de la energía nuclear en los países desarrollados. Londres tiene en marcha un plan para construir en una década ocho centrales nucleares que reemplacen a las actuales. El problema es que las empresas eléctricas que deben construirlas empiezan a mostrar dudas. Las alemanas E.On y RWE se retiraron, Centrica y GDF Suez han pedido más garantías públicas y EDF va con retraso en su proyecto. Solo Iberdrola guarda silencio. Las eléctricas presionan para conseguir mejores garantías en un momento en que obtener crédito para invertir miles de millones en obras enormes es más complicado que fusionar el átomo.

El Reino Unido tiene 16 reactores que producen el 15% de la electricidad. Londres afirma que, sin nueva potencia atómica, en 2023 solo tendrá un reactor nuclear en marcha. Mientras países como Estados Unidos han optado por alargar la vida de sus nucleares hasta los 60 años, Reino Unido no tiene esa posibilidad. Sus reactores son de una tecnología propia (los AGR) y el sector no confía en la operación a largo plazo. Para reemplazarlos, el Gobierno británico promueve la construcción de 16.000 megavatios de nueva potencia nuclear (más del doble de la que existe en España) antes de 2025, que crearían 30.000 empleos en esa fecha.

La francesa EDF, junto con la británica Centrica, planea construir cuatro reactores de su nuevo diseño, el EPR, que sumarían 6.400 megavatios. Nugen, un consorcio formado al 50% por la francesa GDF y la española Iberdrola, quiere construir 3.600 megavatios en Moorside (al noroeste). El tercer grupo lo formaban E.On y RWE; iban a levantar 6.000 megavatios con su sociedad Horizon. Pero el pasado 29 de marzo anunciaron su retirada del plan y su intención de vender Horizon, que ya había adquirido terrenos y tenía avanzado el proyecto.

El pasado martes, las compañías explicaron en el Parlamento británico que semejante inversión —un reactor puede rondar los 5.000 millones de euros— habría llevado a la empresa a una rebaja de calificación de las agencias, dijo Volker Beckers, consejero delegado de RWE, según recogió el diario The Guardian. Tony Cocker, responsable de E.On en Reino Unido, añadió: “La energía nuclear es una inversión a muy largo plazo”. Ahora buscan comprador para Horizon.

El talón de Aquiles de esta energía son precisamente la enorme inversión que requiere y el dilatado periodo de amortización, en un momento de restricción del crédito y de costes crecientes, entre otras cosas, por el impacto de Fukushima. Una fuente del sector nuclear que pide no ser identificada explica: “E.On y RWE se retiran por sus problemas en Alemania y el resto aprovecha para presionar. Los británicos anunciaron un programa muy liberal, sin ayudas públicas, y las empresas aprietan porque quieren algún tipo de seguridad” de que recuperarán su inversión.

El problema es recurrente. EE UU ha autorizado la construcción de cuatro reactores nucleares, pero en Estados del sur, con mercados regulados. Eso quiere decir que las nucleares tienen garantizado el precio al que cobrarán la electricidad. La aparición de gas natural barato extraído con la nueva técnica de fractura hidráulica ha terminado por cambiar el panorama energético.

Al golpe de RWE y E.On le siguieron otros. Gérard Mestrallet, presidente de la francesa GDF, declaró poco después: “Junto con nuestros socios tomaremos una decisión en 2015. Hoy es muy difícil invertir en energía nuclear” sin un retorno claro. Mestrallet declaró que la propuesta de Londres de gravar el CO2 no parecía suficiente para garantizar la inversión.

La única eléctrica que mantiene silencio es Iberdrola. “Mantenemos la misma postura. Todo sigue según lo planeado. Tomaremos una decisión en 2015”, explica un portavoz.

Marcel Coderch, antinuclear y coautor de El espejismo nuclear, apuesta a que del plan se va a desinflar: “Margaret Thatcher ya quiso construir 10 o 12 nucleares y solo logró levantar una. No sería de extrañar que se repitiera la experiencia”. La clave ahora es lo que haga EDF, controlada por el Estado francés y que opera el parque nuclear británico. “Quien tiene que mover pieza es EDF, que puede presionar al Gobierno inglés”, añade Coderch.

Las empresas reclaman un precio fijo para que, aunque a largo plazo baje la electricidad, ellos cobren lo mismo. Eso, explica Coderch, le interesa a quien cree que la electricidad a la larga va a bajar. Otra de sus peticiones es fijar un precio alto para el CO2, lo que haría menos competitivas las centrales de carbón y de gas.

Gigantes como China mantienen programas nucleares, pero la situación (de crecimiento, mercado o costes) no es comparable con la de los países occidentales, donde los pocos nuevos proyectos que hay sufren retrasos y sobrecostes (como en Finlandia o Francia). Las garantías que ofrezca finalmente Reino Unido para las nuevas nucleares serán examinadas en todo el mundo. Entre otras cosas, porque la nuclear ha sido a menudo defendida por sectores liberales que criticaban las primas a las renovables por distorsionar el mercado.

A sus 90 años, Jacques Servier todavía dirige con firmeza los laboratorios que fundó hace más de medio siglo. Salido de la nada, ha creado un imperio convertido en el segundo grupo farmacéutico de Francia, por detrás de Sanofi. Una historia atípica de éxito empresarial, empañada por el oscurantismo de la empresa y por uno de los mayores escándalos sanitarios del país. La semana pasada, este empresario discreto compareció impasible ante el Tribunal de Nanterre, a las afueras de París, en la apertura del primer juicio por estafa del caso Mediator, el medicamento contra la diabetes usado también como adelgazante que ha causado al menos 500 muertes, según las autoridades galas. El proceso se suspendió a la espera de que el mismo órgano judicial resuelva hoy las demandas de anulación presentadas por la defensa.

 Entonces se sabrá si se celebra el juicio por estafa contra Servier y otros cuatro directivos, por el que se enfrenta a una posible pena de cuatro años de cárcel y 37.500 euros de multa. En paralelo, la Fiscalía de París tiene abierto otro procedimiento en el que Servier ya está imputado por “estafa, homicidio y daños involuntarios”, pero el juicio podría tardar años en celebrarse.

Doctor en Medicina y Farmacia, Servier, hijo de industriales, compró en 1954 un pequeño laboratorio de Orléans que fabricaba un jarabe antitusivo. Empleaba entonces a nueve personas, todos entrados en los sesenta. Al año siguiente lanzó sus dos primeras moléculas. En 1960 abrió el primer centro de investigación del grupo, uno de los pilares del imperio, que invierte un 25% de su beneficio en I+D. El empresario controla su compañía a la vieja usanza, mezclando paternalismo, respeto y temor, denuncia el control abusivo de la Administración pública y, pese al crecimiento del grupo que lo propulsa al rango de decimoquinto exportador francés con presencia en 140 países y con 22.000 trabajadores, se ha negado siempre a cotizar en bolsa.

Su recorrido empresarial y su cercanía con el expresidente Nicolas Sarkozy, que trabajó como abogado del grupo y conocía personalmente al doctor y farmacéutico desde 1983, le sirvieron en bandeja de plata la más alta categoría de la Legión de Honor en julio de 2009. “Es usted un personaje fuera de lo común”, declaró durante la ceremonia el entonces mandatario. “Su ascesis y su sobriedad fuerzan el respeto de todos (…) Es usted un hombre valiente y un visionario”.

“Es un hombre gentil en el trato directo, pero ha puesto en marcha un sistema en el que domina el miedo”, explicaba en una entrevista a Le Monde el pasado mes de noviembre Loic Meudic, exresponsable del servicio de seguridad de Servier, que denunciaba, además, una cultura empresarial racista en la que solo se retenían los currículos de blancos, así como la destrucción de bolsas enteras de documentación. “Su método es dividir para reinar mejor. Nadie sabe quién será el jefe después de él. Pero lo que está claro es que él ha decidido”, concluía.

El estallido del escándalo del Mediator y su retirada del mercado, en noviembre de 2009, fue recibido por los directivos y empleados del grupo como una tentativa de desestabilización procedente de la competencia. “Muchos empleados reaccionaron como lo hacen los miembros de una secta, pensando que todo lo que se decía fuera eran mentiras”, explica un representante del sindicato CFDT también a Le Monde. Parte de la plantilla así lo expresa en el blog titulado Orgullosos de ser empleados de Servier. También mantienen una cuenta muy activa en Twitter que sigue de cerca la repercusión del caso. Es una mentalidad defensiva, alentada por el hecho de que Servier sigue siendo “una empresa familiar, que nunca ha hecho un expediente de regulación de empleo, que no despide nunca a sus empleados”, añade el sindicalista.

La imagen de Servier se vio ya empañada a finales de los noventa, cuando la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades descubrió que el laboratorio empleaba a antiguos militares para investigar sobre la vida privada —sus opiniones políticas y su orientación sexual— de los candidatos a integrar el grupo, aunque la justicia desestimó el caso. En 1997, el grupo tuvo que retirar del mercado su medicamento Isoméride, un inhibidor del apetito que, al igual que el Mediator, contenía una sustancia nociva sospechosa de provocar hipertensión arterial. Los laboratorios fueron condenados en 2010 a ingresar 210.000 de euros en concepto de daños y perjuicios a una paciente víctima del medicamento.

En la audiencia del pasado lunes, sentado en el banco de los acusados con los brazos cruzados, vestido con un traje gris y luciendo su Legión de Honor en la solapa, Servier parecía ausente ante el muro de fotógrafos y televisiones que tenía delante y ajeno a la presencia de una treintena de víctimas en la sala. “No ha mirado en nuestra dirección, no ha tenido el coraje de enfrentarse a sus acusadores”, relataba a la televisión pública Marjorie, cuya madre murió a los 66 años después de tratarse durante cinco con el medicamento. “Ha destrozado mi vida, tiene la edad que tiene, pero quiero que acabe su vida en la cárcel”, comentaba por su parte Jean-Pierre Laffe, viudo de una de las víctimas.

Casi siempre que se habla de la población de Latinoamérica se tiende a pensar en juventud. Sin embargo, la pirámide demográfica envejece a un ritmo nada desdeñable. El principal desafío radica en que solo cuatro de cada 10 mayores de 60 años percibe una pensión. Esas personas también tienen dificultades para acceder a la sanidad, mientras que la atención a la dependencia prácticamente no figura en la agenda pública. En la actualidad suman 58 millones las personas de más de 60 años en Latinoamérica, pero en 2035 superarán a las de menos de 14 años y en 2050 triplicarán el número actual, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentado en Costa Rica. Los mayores de 80, que suelen necesitar cuidados de terceros, pasarán de suponer el 1,5% de la población al 6% a mediados de siglo.

 Los pocos que cobran jubilación en Latinoamérica en general suelen ser aquellos más adinerados, los que pudieron tener acceso a un buen empleo. Pero los trabajos no cualificados, de alta informalidad administrativa, lleva a que solo el 53,2% de los trabajadores aporte a la Seguridad Social. Los empleados irregulares no solo no tendrán pensión, sino que carecen y carecerán de una adecuada cobertura de salud para ellos y su familia. La CEPAL aboga por la extensión de las pensiones no contributivas.

El crecimiento económico de los últimos años permitió ampliar la proporción de mayores con pensión, como en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, pero la región se encuentra lejos del 75% de los países desarrollados. Muchas personas de más 60 años deben trabajar ante la falta de pensión o porque lo que cobran no les alcanza. Otros dependen de la ayuda de sus hijos. El 25% de las mujeres latinoamericanas mayores carece de ingresos propios y el 10% de los varones se hallan en la misma situación, particularmente preocupante en Ecuador, El Salvador, México y Paraguay.

“El coste de vida crece a mayor velocidad que las jubilaciones”, se queja el presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Jubilados, el dominicano José Gómez Cerda. Jorge, un jubilado de Buenos Aires, cobra, al igual que el 85% de sus pares, la pensión mínima de 318 euros y por eso trabaja como taxista. “Necesito 2.000 pesos [346 euros] al mes para pagarme la [cobertura de] medicina privada y la de mi mujer; no quiero hacer horas en la cola en un hospital [público]”, cuenta Jorge.

Algunos países han adoptado medidas aisladas a favor de que los mayores trabajen, como formación y entrega de subsidios o créditos para emprendedores. Brasil, Colombia, Chile, Panamá y Uruguay han creado subvenciones a las familias con algún mayor. En materia de sanidad, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Chile han adoptado en los últimos años políticas específicas para asegurar la atención. El reparto de medicamentos mejoró en Argentina, Costa Rica, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, según la CEPAL. “Muchos tienen más acceso a los servicios de salud, pero los trámites burocráticos, las negaciones de derechos, los pagos extra y la exclusión de servicios hacen la situación muy difícil para los que no están activos en los sistemas contributivos”, alerta Gómez Cerda.

“La atención a la dependencia es uno de los grandes desafíos latinoamericanos”, reconoce un gerente del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados de Argentina, Federico Susbielles. Su instituto ayuda a 21.000 ancianos que viven en residencias y subvenciona a 40.000 para que alguien los cuide. El funcionario destaca que en Argentina el 95% de los mayores cobra pensión y el 100% tiene atención médica, y lo atribuye a la renacionalización del sistema de pensiones y a la reconstrucción de su instituto. Desde la oposición, el presidente de la Comisión de Tercera Edad de la Cámara de Diputados, el progresista Gumersindo Alonso, aboga por mejorar las pensiones y la calidad de los servicios de salud, pero también por políticas que den nuevas metas de vida a los ancianos.

“Los servicios de cuidados para los mayores son muy limitados en Latinoamérica”, advierte Gómez Cerca. “Existen casas de cuidados que pueden calificarse como almacenes de viejos. Otros son muy caros. Solo funcionan aquellos asilos administrados por religiosos, especialmente monjas”, añade el dirigente de los pensionistas latinoamericanos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo el mes pasado tras reunirse con Mariano Rajoy que el bachillerato y la FP no son etapas obligatorias y, por tanto, podrían no ser gratuitas. Un portavoz de la Consejería de Educación madrileña explica que, aunque la presidenta planteara el debate, llevarlo a la práctica no entra hoy en los planes de su departamento. Sin embargo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, insistió el miércoles pasado durante una entrevista en Televisión Española en que las únicas etapas obligatorias y, por lo tanto, gratuitas, son de 6 a 16 años, y que, el hecho de que otras (infantil, bachillerato y FP) en la práctica sean gratuitas en la escuela pública es un modelo, pero hay otros.

De hecho, Cataluña ha abierto otro camino: se implantará una suerte de copago para los estudios públicos de Formación Profesional de grado superior, a los que se accede después del bachillerato. Estas enseñanzas están consideradas educación superior, como la formación universitaria.

Los estudiantes catalanes de FP superior deberán abonar 360 euros de matrícula anual. La medida entra en vigor en septiembre, pero a los alumnos que ya están en el sistema y que cursarán 2º curso se les aplicará, de forma excepcional, una bonificación del 50%. Con todo, la Generalitat podrá recaudar el año que viene 15,7 millones como máximo, ya que el cálculo se hace sobre las plazas ofertadas y no sobre las matrículas reales. La cifra de recaudación será superior dentro de dos cursos.

La medida la dio a conocer el presidente catalán, Artur Mas, el pasado martes, durante la presentación de la tercera oleada de recortes del Gobierno de CiU en un año y medio. En este último tijeretazo, la Generalitat debe recortar 1.500 millones, por exigencia del Gobierno central. Los alumnos de la FP “deben contribuir un poco”, justificó entonces Mas, quien añadió que se trata de “una primera matrícula modesta”. El viernes, la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, no descartó que se modifique en un futuro. “Primero queremos ver el impacto que tiene”, terció.

Los 360 euros anuales se añadirán a los gastos de matriculación que ya pagan actualmente los estudiantes de FP, que varían según el centro, pero oscilan entre los 100 euros de Barcelona y su área metropolitana y los 65 euros en Lleida. Rigau se comprometió a que la imposición de la tasa “no excluya a ningún alumno del acceso a estos estudios” por motivos económicos y anunció ayudas en forma de becas o bonificaciones.

En un primer momento, el departamento apuntaba a una tasa inferior, ya que se tomaban como referencia los 180 euros que cuestan las matrículas en los institutos concertados de FP. Pero Rigau aseguró que la Generalitat ha pedido al Gobierno central, que es quien fija esa tasa, que la suba. “Y sabemos que lo hará”, dijo. “En ningún caso, la concertada será más barata que la pública”, remachó.

A los sindicatos les parece esta una medida muy peligrosa, pues puede tener un carácter disuasorio para los alumnos, se queja Antonio Redero, responsable de enseñanza pública de FETE-UGT. Redero recuerda, además, que, a diferencia de las tasas que se cobran en la universidad, las de la FP no se gestionarán desde los centros. Asimismo, señala la contradicción “de querer potenciar la FP y a la vez poner trabas económicas a los estudiantes”. Actualmente estudian FP superior en España 280.379 personas.

A otros especialistas, sin embargo, no les parece mal. “La rentabilidad de estudiar FP frente a cursar simplemente la ESO es de un 7% anual. Es decir, tras una carrera profesional de 40 años, el salario sería 15 veces mayor en términos brutos. Por tanto, cobrar tasas me parece adecuado”, dice el catedrático de Economía de la Carlos III Juan José Dolado. El catedrático de Sociología de la Complutense Mariano Fernández Enguita está de acuerdo, pero solo para el caso de la FP superior.

Defiende que las enseñanzas que flanquean la educación obligatoria (infantil de tres a seis años y bachillerato y FP de grado medio) deben ser gratuitas, pues se aspira a tener escolarizada a la inmensa mayoría de la población. Recuerda en su blog Cuaderno de campo que el objetivo europeo es que el 85% de la población obtenga al menos un título de bachillerato o FP de grado medio. En cuanto a la educación de cero a tres años, también cree que debe ser gratuita o, al menos, permitir el más amplio acceso a quien la desee, pues “cada vez tenemos mayor evidencia de que los primeros años de vida son decisivos en el desarrollo de la persona”.

Sin embargo, la FP de grado superior y también la universidad, “deben ser de pago”, opina, pues ofrecen un gran beneficio personal a quien la estudia, más que un beneficio social. “La educación superior gratuita es, en todo caso, socialmente injusta y si además, alcanza a una minoría cada vez más amplia, pero que sigue siendo minoría, es económicamente insostenible”. Eso sí, compensado eso con becas y préstamos suficientes para garantizar la igualdad de oportunidades.

Algo parecido a lo que dijo Wert preguntado sobre el aumento previsto de las tasas universitarias y a lo que ya propuso en su día el anterior Gobierno del PSOE: ir subiendo el precio de las matrículas, sobre todo a los repetidores, pero a la vez aumentar la cobertura y dotación de las becas y los préstamos para los estudiantes. El problema es que, de momento, el curso que viene subirán las tasas en la mayor parte de España, pero no las becas. De hecho, se endurecen los requisitos para obtener y mantener las ayudas.

Los vecinos de 101 municipios de Cataluña han tomado el hábito de separar a diario la basura que generan, incluida la materia orgánica, y la colocan delante de la puerta de casa para que el servicio municipal pase a retirarla. Han desaparecido los contenedores. Este sistema que se ha dado en llamar “puerta a puerta” (PaP), muy extendido en Italia, por ejemplo, ha conseguido unos niveles de recogida selectiva que oscilan entre el 60% y el 85% de los residuos, muy por encima de la media nacional, según Montse Cruz, de la comisión técnica de la Asociación de Municipios Catalanes para la Recogida Selectiva Puerta a Puerta.

La misma fórmula se da en otras 20 localidades españolas, entre las que figuran cuatro Ayuntamientos de Gipuzkoa, todos gobernados por Bildu: Usurbil, Hernani, Oiartzun y Antzuola. Tienen la particularidad de que han instalado junto a los portales unos postes donde los vecinos deben colgar los cubos con la basura y dejarla a la vista de cualquiera. Bildu quiere extender esta experiencia a otras 34 localidades —San Sebastián no figura entre ellas—, lo que ha generado una fuerte contestación social, alentada en gran parte por partidos como el PNV, el PSE o el PP, partidarios de mantener los contenedores y sumar un quinto, de color marrón, para la materia orgánica.

Javier Pradini, director de la Fundación Emaús en Gipuzkoa, opina: “La recogida es una pieza clave para el éxito de una gestión integral de los residuos. Ahí, el puerta a puerta es perfecto, pero tiene el inconveniente de que resulta de difícil aplicación en zonas de alta densidad de población”. Víctor Mitjans, director de Estudios de Fundación Retorna, considera que este modelo es “el que mejores resultados de reciclaje da en todo el mundo”. Admitiendo que genera “incomodidades” al ciudadano, apostilla que “las comodidades nunca deben primar sobre los resultados”. Pone como prueba que el PaP permite reciclar el 80% de los desechos domiciliarios, mientras que con contenedores se llega al 40%.

La experiencia catalana, informa Clara Blanchar, se inició en 2000 en tres pequeñas localidades, Tiana, Tona y Riudecanyes, y se ha ido extendiendo a una centena con menos de 15.000 habitantes. El servicio abarca a unas 250.000 personas en esta comunidad autónoma. El Departamento del Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat reconoce que el PaP “ha reportado los mejores resultados de recogida selectiva”, aunque para su implantación haya sido necesaria “una voluntad técnica y política, el consenso del conjunto de partidos y el trabajo participativo con asociaciones y la población en general”. “Cuando esto se efectúa de forma correcta, los cambios son francamente espectaculares y la percepción social, pese a las reticencias iniciales, acaba siendo muy positiva”.

La disciplina que exige da lugar en ocasiones a comportamientos incívicos. Las bolsas de basura se depositan en lugares inadecuados, como ha sucedido en Viladrau (Girona). Su alcalde, Francesc Xavier Bellvehí, atribuye esta conducta a “personas con segunda residencia”. “Hemos creado un área para que dejen las cinco fracciones al marcharse, pero no reciclan, no están acostumbrados. También nos cuesta con los hoteles y restaurantes, que a veces mezclan la basura por falta de tiempo”, explica, lo que ha llevado al Consistorio a plantearse sancionar a los infractores.

El analista ambiental Antxon Olabe, socio de la empresa Naider, admite que es un método que plantea “muchas ventajas en municipios pequeños”, pero genera “complicaciones importantes” en zonas de alta densidad demográfica. “Está pensado para recuperar la materia orgánica, pero para eso existen otras fórmulas más sencillas y efectivas, como el quinto contenedor”, afirma. A su juicio, el secreto de un buen sistema de recogida selectiva radica en “la implicación de la ciudadanía”, aunque “el modelo impositivo que defiende Bildu provoca necesariamente un efecto rechazo”.

No hay más que leer la ordenanza que rige “la recogida y tratamiento de residuos urbanos” en Usurbil. En siete folios se repiten una veintena de veces palabras como “obligación”, “prohibición”, y similares. En Usurbil hay que dejar la basura entre las 6.00 y las 8.00 para que una brigada municipal dedique toda la mañana a retirar los cubos. Los horarios son inflexibles, así como los días asignados para cada fracción de residuos. El contenido de las bolsas es inspeccionado: si la separación no está bien hecha, el operario coloca una etiqueta y la basura vuelve a casa del dueño. El Ayuntamiento ha abierto varios expedientes, aunque no ha llegado a imponer multas que irían desde los 60 euros, por una falta leve, a los 30.050 por infracciones muy graves.

Esta cuestión alimenta otro debate sobre el alcance jurídico de estas inspecciones. ¿Está garantizado el derecho a la intimidad de las personas cuando se husmea entre la basura? Iñaki Esparza, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco (UPV) y vocal de la Agencia vasca de Protección de Datos, afirma: “Cuando una persona se desprende voluntariamente de unos documentos que le pueden identificar echándolos a la basura, esa información entra en la cadena de la gestión de los residuos, una competencia administrativa. El tema se presta al debate jurídico. Sería necesario definir las reglas de juego para que los ciudadanos sepan a lo que se exponen cuando dejan la basura”. Demetrio Loperena, catedrático de Derecho Administrativo de la misma universidad, se pregunta: “¿Te pueden mirar lo que tiras a la basura? Sin una autorización judicial, el acceso a documentos privados no puede estar al arbitrio de un operario de limpieza”. Pone el caso de un ciudadano con una enfermedad que no quiere dar a conocer: “Ni siquiera el médico podría hacerla pública. Pero si alguien rebusca en su basura y encuentra una caja de medicamentos, ¿dónde queda su derecho a la intimidad? Es algo que no está bien resuelto por la legislación”.

El éxito o fracaso del puerta a puerta depende del grado de concienciación ciudadana. “La recogida de la materia orgánica separada debería ser obligatoria. Cuando un ciudadano se siente interpelado y expone sus hábitos sobre reciclaje al Ayuntamiento y a sus vecinos, se crean mecanismos que mejoran la participación”, indica Mitjans, para quien los sistemas basados en la voluntariedad “no dan los mismos resultados”. Pradini también defiende el deber de separar los desperdicios en origen: “Hemos sido demasiado permisivos con las basuras”.

Julio Barea, de Greenpeace, apoya “al 100%” el PaP que se estila en Gipuzkoa, porque “es el futuro”: “Si no lo implantamos, estaremos abocados a sufrir los vertederos y las incineradoras”. Si es válido para Bruselas, Turín o San Francisco, “¿por qué no se puede hacer lo mismo en San Sebastián?”. Esta organización ecologista propone “hacer frente al lobby de empresas que tienen intereses económicos para que toda la basura se queme en incineradoras”. Barea sostiene que el PaP resulta “más caro” al principio, pero “genera más puestos de trabajo y reduce los costes medioambientales”. Pradini participa de esta tesis: “Hay un encarecimiento en la recogida, pero se ahorra en la factura total del tratamiento de los residuos. Hay que analizar la contabilidad en su conjunto”.

El director de Latas de Bebidas, Miguel Abelle, opina que no existe una fórmula perfecta y que esta debe adaptarse a cada sitio. Lo considera adecuado para áreas con viviendas unifamiliares, pero, en todo caso, califica de “despropósito” y “absurdo” el modelo de los percheros para la basura que se da en Gipuzkoa.

El consultor ambiental Javier Belza vive en Oiartzun, separa las cinco fracciones de la basura y, además, ha instalado una autocompostadora en su casa. En su opinión, “el puerta a puerta, en cualquiera de sus modalidades, es el único que te lleva a separar. Si fuese voluntario, nadie lo cumpliría. Supone un mayor esfuerzo, pero los resultados saltan a la vista”. Propone una “fórmula mixta”, sin colgadores en la calle, para ciudades y zonas pobladas. Coincide en esto con Mitjans, partidario de habilitar contenedores comunitarios en núcleos con edificios muy altos, en lugar de los contenedores que ocupan las calles.

En Gipuzkoa, la política ha acabado por contaminar el debate sobre el PaP o el quinto contenedor. Para Loperena, la polémica “es un Bildu contra todos y todos contra Bildu”, siendo “todos” los principales partidos vascos (PNV, PSE y PP). “Me hace gracia el asunto de Bildu y las basuras. Es muy sugerente ver cómo manejan las excrecencias, cómo las tratan, cómo tratan el pasado. El tratamiento que Bildu hace de las basuras está lleno de analogías y metáforas”, opina José María Ruiz Soroa, abogado y analista político.

La Asociación de Municipios Catalanes del PaP lamenta que este sistema se haya convertido en Gipuzkoa en “un arma electoral con fines partidistas”. La junta directiva de este organismo juzga necesario evitar la disputa, como ha ocurrido en Cataluña, donde formaciones “de todos los colores políticos” (CiU, ERC, PSC, PP, ICV e independientes) la han aprobado en diferentes localidades.

En Gipuzkoa, en cambio, se ha abierto una brecha entre Bildu y los partidos que prefieren hacer la selección y depositarla en el contenedor marrón. Y para la parte que no se puede reciclar, estos grupos políticos proponen la incineración, mientras que Bildu se decanta por la biometanización y tratamiento mecánico-biológico.

Saber si un tratamiento anticáncer va a funcionar es clave antes de someter a los pacientes a estos agresivos fármacos. Y si el conocimiento llega a la vez que los medicamentos al mercado, se conseguirá de ellos el mayor beneficio al menor daño. Ese es el objetivo de un trabajo dirigido por Héctor García Palmer, del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), que publica Nature Medicine, y destinado a un tumor especialmente agresivo, el colorrectal. Con él han trabajado Alberto Muñoz, del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad Autónoma de Madrid (IIB-CSIC-UAM) y otros investigadores españoles.

Cada año se diagnostican en España unos 15.000 casos de este cáncer, y muere aproximadamente la misma cantidad de personas (14.883 en 2010, según los datos del Instituto Nacional de Estadística). Esto indica la mortalidad de esta patología. “Hay claramente dos grupos, si se diagnostica precozmente, una operación y una quimioterapia general cura al 60%. Lo malo es que este tumor, como es asintomático, suele detectarse tarde. Y entonces hay poco que hacer: la supervivencia media a cinco años [el parámetro que indica si puede hablarse de curación o no] es del 5%”, añade el experto.

Palmer y su equipo están trabajando con los últimos tratamientos que se están ensayando, y ha descubierto, a la vez, por qué funcionan en unos pacientes y otros no. Los nuevos medicamentos, que serán “los primeros específicos en años”, según el médico, actúan sobre dos vías del tumor, caracterizadas por dos proteínas, llamadas PI3K y AKT. Estas mutaciones son muy frecuentes. “Aproximadamente un cuarto de las personas con cáncer colorrectal las tiene directamente alteradas, y la proporción aumenta a uno de cada dos” si se incluyen los casos en que influyen pero no son tan determinantes, dice el experto. Los medicamentos que se están ensayando con fármacos inhibidores de estas vías, con lo que se frena la reproducción del tumor. Pero en el proceso hay una interferencia, otra proteína que actúa como el malo de la película, y cuya presencia hace que los esfuerzos para combatir el cáncer con estos medicamentos no funcionen. Se llama beta-catenina.

Al identificar y medir los niveles de esta proteína se consiguen dos cosas: “Primero, evitar al paciente un tratamiento que, como todos, tiene efectos adversos”, dice Palmer. Así no solo se le evitan esos trastornos, sino que se gana tiempo para tratar con las alternativas que haya disponibles. Este papel de identificador del éxito terapéutico es lo que hace de la beta-catenina un biomarcador, una señal biológica.

Pero una vez identificada la causa del fracaso, el siguiente paso es evitarlo. Y el grupo de Palmer ya está trabajando en productos para conseguirlo. De momento, aclara el investigador, se trata de ensayos en cultivos “y en ratones a los que hemos inyectado células de personas con cáncer”. Esto quiere decir que se está en una fase muy temprana para poder neutralizar el efecto de la beta-catenina.

Los tiempos en estas investigaciones son cruciales para los pacientes. Palmer calcula que, si todo va bien, los medicamentos tardarán unos cinco años en estar en el mercado. E insiste en lo de que hay que esperar hasta el final de las pruebas, porque no sería la primera vez que un tratamiento se retira en el último momento porque las esperanzas puestas en él se frustran o aparecen efectos adversos que sobrepasan sus posibles ventajas.

Lógicamente, el inhibidor de la beta-catenina, que habría que dar a los pacientes en combinación con los otros para los casos en que la persona no responde a los anticancerígenos, tardará más. Hasta 8 o 10 años, según calcula el médico. Claro que él mismo indica que eso puede acelerarse si los resultados en los ensayos, que aún no han empezado en humanos, son tan buenos que así lo aconsejan. “Todo eso está por ver”, concluye.

La educación española se enfrenta a un recorte sin precedentes. El Gobierno prevé que entre 2010 y 2015 el peso de la inversión pública en educación se reduzca del 4,9% al 3,9% del PIB, según el documento de ajustes enviado a Bruselas por el Ejecutivo. Y España ya estaba por debajo del PIB medio europeo. Esa bajada equivaldría a la pérdida de unos 10.000 millones de euros en cinco años.

La crisis y el tijeretazo se notan desde hace tiempo en la educación española: con miles de profesores menos, suspensión de programas de apoyo escolar, ahogos para pagar la luz o la calefacción... Y eso es solo el principio.

A partir de septiembre, con el inicio del nuevo curso, se empezarán a percibir buena parte de las consecuencias de la rebaja en los presupuestos educativos desde 2010 (más de 3.000 millones) y de los otros 3.000 millones extra que busca reducir el decreto aprobado el pasado jueves por el Gobierno. Unas consecuencias aún inciertas, pues dependerán del ahogo económico y las prioridades de cada autonomía.

En esto ha insistido mucho la última semana el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al defender el decreto. Este fija un mínimo de recortes y ofrece nuevas herramientas legales —principalmente, el aumento del número máximo de alumnos por aula y las horas de clase que dan los profesores— para reducir plantillas en unos 40.000, según el PSOE, y muchos más, según los sindicatos, pues buena parte de las medidas afectan también a los colegios concertados y a la Universidad. Según Wert, no queda más remedio que recortar, pero las medidas apenas afectarán a la calidad del sistema, aunque se está pidiendo a los profesores un esfuerzo en estos críticos tiempos con medidas “dolorosas”, dijo. Estas también incluyen la posibilidad de aumentar unos 500 euros de las matrículas universitarias (sobre una media de 1.000 al año), mientras se endurecen las condiciones para acceder a las becas.

Pero en el otro lado, representantes de toda la comunidad educativa (padres, sindicatos y alumnos, desde la educación infantil a la Universidad) se han movilizado porque sí creen que afectará a la calidad de un sistema que aún necesita mejorar mucho (aunque está bajando, el abandono escolar casi dobla la media europea: más del 26%). También creen que las más perjudicadas serán las clases humildes: según un estudio de CC OO de Madrid, cuando se reducen profesores, se recortan los apoyos para los que van peor. Piden preservar al máximo la educación pública de los recortes, pues de ello depende, aseguran, el futuro del país.

Jesús María Sánchez, de Ceapa (asociación de padres mayoritaria en la escuela pública), explica que tanto el decreto como el plan de ajustes enviado a la UE han conseguido unir un movimiento de protesta que hasta ahora se había movido como los recortes, por goteo. El martes próximo, en una inédita huelga convocada en toda España en todos los niveles educativos, se verá hasta qué punto lo ha hecho.

Para el catedrático de Economía de la Universidad Carlos III Juan José Dolado, “frente a una política de tabla rasa, la huelga está justificada; no lo está si se trata de reducir la grasa sin afectar al hueso”. Por ejemplo, el aumento de ratio “no reducirá la calidad especialmente en los colegios con alumnado más homogéneo, pero será un grave error hacerlo en aquellos donde sea más heterogéneo”. Dice que hay margen para recortar en Universidad, pero que se debe invertir más en educación de cero a tres años y en FP. Pero lo que de momento se ha aplicado, según la asociación de directores de centros públicos Fedadi, es esa política de tabla rasa.

Mireia Moreno vive con especial angustia el anuncio de los recortes por el efecto demoledor que pueden tener sobre su hijo David, de siete años, que padece un trastorno de déficit de atención. David cursa segundo de primaria, pero la mayor parte de las clases las hace en un reducido grupo de cinco alumnos y una educadora especial, que lo ayuda a estar al día con las materias y a superar sus dificultades de aprendizaje. Los recortes dejarán a la escuela de David, el colegio público La Muñeira, de Badia del Vallès (14.000 habitantes, Barcelona), sin un profesor y medio, como mínimo, cosa que no permitirá la existencia de estas clases de refuerzo el próximo curso.

 La Muñeira es una escuela afectada doblemente por los tijeretazos. Por un lado, el aumento de una hora lectiva de los profesores hará que la escuela tenga que prescindir de media jornada de un docente, aunque el centro calcula que será más. En este colegio, de una sola clase por curso, no sobran profesores, así que todavía no saben cómo cubrirán las bajas el año que viene, ya que el sustituto no llegará hasta pasados 10 días de baja. La dirección de la escuela no descarta que en esos casos se tengan que repartir los alumnos entre el resto de clases, aunque sean de niveles diferentes.

Por otro, la Muñeira es uno de los cuatro centros que el próximo curso la Generalitat, con el argumento del descenso de la demografía, cerrará progresivamente (otras seis escuelas se eliminarán de un plumazo), empezando por el primer curso de educación infantil (tres años), así que el profesor de este nivel desaparecerá. Con 200 alumnos, la Muñeira es una escuela pequeña que el año que viene perderá 50 alumnos (entre el curso suprimido y los que acaben la primaria). A este ritmo los padres prevén que el centro cerrará en tres años.

Sin apenas clases de refuerzo y con la mirada puesta en un futuro traslado, Mireia se desespera. “Todo lo que he ganado en estos años en la educación de mi hijo lo voy a perder de golpe. ¿Dónde iré? ¿A una escuela masificada? David no puede estar en una clase con 30 alumnos. ¡Van a hundir a mi hijo!”, se enciende esta madre.

La Muñeira es uno de los Centro de Actuación Educativa Preferente (CAEP), que por ubicarse en entornos socioeconómicos muy humildes cuentan, en teoría, con ciertos privilegios —como ratios inferiores, una mayor financiación, más horas de atención individualizada o prioridad a la hora de obtener becas—, aunque los recortes les afectarán por igual que a las escuelas convencionales. De hecho, los cuatro colegios y dos institutos de Badia son CAEP. Este municipio, situado a 20 kilómetros de Barcelona, arrastra un paro del 26% y el sambenito de ser la población con la renta por cápita más baja de Cataluña.

Mireia también está viviendo un drama particular como secretaria de la asociación de padres y madres del colegio. Hace dos años que la Generalitat no convoca las subvenciones a las organizaciones de padres y madres, así que se han quedado sin recursos para ayudar a las familias más asfixiadas económicamente a pagar el comedor o los libros.

La mayoría de los alumnos están becados gracias a las ayudas al comedor que otorga el Ayuntamiento, pero la crisis llega aquí a todos los rincones y hace casi medio año que el Consistorio no paga las becas de comedor. Además, ha anunciado que el año que viene estas ayudas sufrirán un tijeretazo del 50%. La dirección del centro alerta de las consecuencias que esto puede tener en muchos niños de familias sin recursos, ya que la comida de la escuela significa el sustento principal que, quizá, en casa no les pueden proporcionar.

 Manuel Jiménez tiene 35 años y está sufriendo los recortes en educación por varios frentes. Jiménez había dado clases de Tecnología en Castilla-La Mancha como interino durante los dos últimos cursos. Había dejado su trabajo como arquitecto la primera vez que le llamaron. En este curso iba a continuar; en agosto de 2011 le habían dado plaza en un instituto de Yepes. Sin embargo, cuando estaba a punto de empezar, el Gobierno castellanomanchego incrementó dos horas lectivas a los profesores, lo que causó una merma de docentes; y cayó el puesto de Manuel. “Me movilicé para decir que, a pesar de lo que contaba el Gobierno, los recortes sí estaban afectando a las aulas y que yo soy la prueba”, afirma.

Entretanto, decidió que, mientras cobraba el paro, se concentraría en preparar las oposiciones que debían celebrarse en 2012 en Castilla-La Mancha. Se apuntó a una academia en Madrid. Pero el plan se le fue al traste: a últimos de enero la mayoría de autonomías anunciaron que no harían esos exámenes; entre ellas estaba Castilla-La Mancha. Las restricciones presupuestarias marcadas por el Gobierno central obligan a ofrecer muy pocas plazas y las autonomías prefirieron no convocar oposiciones y acumular la oferta de este año para sumársela a la del próximo, explicaron. “Entre unas cosas y otras yo ya estaba muy indignado”, cuenta.

Sin embargo, un rayo de esperanza se le abrió a Jiménez con la insistencia del Gobierno de Andalucía en que no solo iban a convocar, sino que iban a ofrecer muchas plazas: 2.389 plazas. Así que se repuso y siguió estudiando y pagando la academia con la intención de presentarse al examen andaluz en junio.

Pero poco después de las elecciones andaluzas, el Gobierno central decidió bloquear ese examen al presentar un conflicto ante el Tribunal Constitucional, pues consideran que la oferta de plazas es 7,5 veces superior a lo que permite la ley. No aceptan los cálculos de la Junta. Ahora, las oposiciones están bloqueadas, al menos hasta noviembre, y hay muchas probabilidades de que finalmente se ofrezcan 318 puestos en lugar de los más de 2.000 anunciados. Desde octubre, a 130 euros mensuales de cuota más 30 euros de transporte, Jiménez lleva gastados 1.120 euros en sus oposiciones.

Él es uno de los miles de profesores interinos que se han quedado en el paro en los dos últimos años y tiene pocas posibilidades de que le vuelvan a llamar. Se espera que los recortes previstos dejen en la calle a unos 20.000 docentes (según calcula el ministerio) o 40.000 (según el PSOE) más el próximo curso. También es una de las 100.000 personas que los sindicatos estiman que se pueden estar preparando unas oposiciones que tampoco está claro que lleguen en 2013.

Ahora, a punto de que se le acabe el paro, no sabe muy bien qué será de su futuro. Cuenta con el respaldo de su pareja (pronto se casarán), que también es profesora, pero ella, funcionaria.

La situación de quiebra financiera que atraviesa la Generalitat valenciana deja un reguero de fotografías chirriantes en los 1.400 colegios e institutos públicos. Escenas de botiquines vacíos, papel higiénico dosificado por clase, fotocopias restringidas y nula cobertura de bajas durante meses. “Hemos llegado a no tener dinero ni para aspirinas”, reconoce Miguel Real, director del flamante instituto público Rascanya de Valencia, situado en el barrio de San Lorenzo, una zona en plena expansión urbanística de la capital.

 Este centro de nueva construcción se inauguró en 2005 con capacidad para 770 alumnos de enseñanzas medias (FP y bachillerato). Real llegó hace siete años con la máxima ilusión. La motivación de la plantilla, explica ahora, está en sus horas más bajas. La deuda de la Consejería de Educación con los centros públicos llegó el 31 de diciembre a acumular más de 66 millones de euros. “Hemos estado funcionando sin cobrar desde abril hasta finales de año”, recuerda. “Nos pagaron en marzo el último cuatrimestre del curso pasado y el primero del actual. En 2012, aún no hemos cobrado nada”. La situación provocó escenas indeseables. “Hemos estado dos veces a punto de que Iberdrola nos cortara la luz, la última tuvo que intervenir el director territorial de Valencia para evitar que nos quedáramos sin suministro eléctrico”, explica Real con calma, sin estridencias.

Sobrevivir en estas condiciones a las jornadas de trabajo con más de 700 adolescentes es cada día más un ejercicio de funambulismo. “Justo cuando el secretario autonómico, Rafael Carbonell, afirmaba en un desayuno en Madrid que en los centros valencianos no se había cortado ni la luz ni el gas, nosotros teníamos en la cuenta menos de 100 euros”.

Con esta calderilla, y sin poder pagar el suministro de gas necesario para las prácticas de los módulos más técnicos de FP como soldadura o aire acondicionado, el equipo directivo optó por realizar las clases prácticas con bombonas compradas en la ferretería de a lado. “Las prácticas de soldadura se explican en la pizarra o con la bombona de camping gas”, describe Real.

Su máxima preocupación ahora es que, con el aumento del número de alumnos por aula que permite el Gobierno central, mantener la calidad educativa va a ser difícil. Los profesores, reconoce, están desmotivados, lo que atribuye en buena medida a la Administración, que vende una imagen de que cobran mucho y trabajan poco.

Y encima, dice, les bajan el sueldo con el decreto autonómico de ajustes en los servicios públicos aprobado por el Gobierno de Alberto Fabra el 21 de enero. La norma, que rebaja al 50% el cobro de los complementos por formación docente, congela la contratación de interinos y limita las sustituciones por bajas médicas o familiares.

David López tiene 23 años y siempre ha sido muy buen estudiante. Acabó el instituto con sobresaliente, y se trasladó desde su pueblo, en Cuenca, a empezar la carrera de Biología en Madrid, en la Complutense; el primer curso tuvo una beca de excelencia. Después, obtuvo la beca compensatoria (para las familias con menos recursos) con movilidad, hasta este año, algo más de 5.000 euros. Con eso, y pequeñas ayudas muy puntuales de su familia, se mantiene y paga el alquiler de 350 euros al mes. 

El curso pasado, en cuarto, se fue de Erasmus a Alemania y, debido a las convalidaciones de asignaturas, se encontró con que este año le quedaba un curso y medio para terminar. Se matriculó de todo, pero en febrero, tras unos "problemas familiares", decidió que lo más sensato era no presentarse a dos asignaturas. Había hecho antes las cuentas: aún con esos suspensos, podría llegar al 80% de aprobados que se le exigen para mantener la ayuda. Pero ahora le van a cambiar las reglas.

"Me quedaré sin beca", se queja. El Gobierno endurecerá el curso próximo los requisitos para mantener las ayudas, según el plan de ajustes enviado a la Comisión Europea: habrá que aprobar el 90% de los créditos (en Arquitectura y las ingenierías pasa del 60% al 65%) para las becas generales y el 100% para las compensatorias y las becas salario (un 85% en las ingenierías). Para David ya es matemáticamente imposible alcanzar ninguno de los dos porcentajes, cuenta por teléfono. "Pero yo soy uno más de mucha gente estará en esa situación. Además, yo al menos estoy terminando la carrera, pero habrá quien se quedará fuera cuando está empezando", añade.

También se endurecen los requisitos para acceder a las ayudas por primera vez. Para las generales, los alumnos deberán llegar a los campus con un 5,5 de nota de Selectividad, y con un seis, para las becas-salario; hasta ahora bastaba con haber aprobado. Para conseguir una ayuda salario en bachillerato o FP, la exigencia será también del 85%.En ningún caso las becas (una parte muy importante de las cuales consiste en no tener que pagar la matrícula) cubrirán el precio de las asignaturas matriculadas por segunda o tercera vez, es decir, las que se repita.

Débora Mamblona, de 26 años, se vio de repente en el paro y quiso aprovechar para ampliar los estudios. Es educadora infantil, “una profesión muy mal pagada” que le reportaba 900 euros al mes por siete horas de trabajo diarias. Hasta que el pasado junio la echaron del trabajo y se puso a buscar otras opciones. Se interesó por un módulo de FP de grado superior de anatomía patológica y citología. “Mi hermana lo había visto, nos gustó y nos preinscribimos las dos”, explica al teléfono.

Su hermana pequeña tuvo “más suerte”, señala. Entró en un centro público. Ella obtuvo plaza en uno concertado en Torrejón de Ardoz (Madrid). Y ahí empezaron las diferencias, según cuenta. “Nos hacen comprar material exclusivamente dentro del centro a un precio desorbitado. Pagué 3,30 euros por un cuaderno de 50 hojas y me obligan a llevar una bata comprada allí por 20 euros, cuando encontré una por la mitad”.

Mamblona mandó un escrito a la inspección educativa el pasado febrero en la que recogía esta y otras quejas, como que intentaron cobrarle 155 euros al mes por “dos asignaturas más de forma extraescolar”. Y, mientras, compara el ejemplo en casa. “Mi hermana está metida en el laboratorio desde el primer día y nosotros no empezamos hasta febrero”, explica. La pequeña de la casa aprende “más y mejor”, se queja la mayor. “No voy a seguir aquí. El curso que viene pediré plaza de FP en el instituto de mi hermana”.

“La demanda para centros públicos de Formación Profesional no ha dejado de crecer pero la oferta sigue siendo insuficiente”, valora Paco García, responsable de Educación de CC OO Madrid. Su sindicato hace seguimiento desde hace años de las peticiones sin cubrir con datos de la comisión de escolarización y cálculos propios. Cada curso se quedan fuera de la red pública entre 2.000 y 3.000 aspirantes a ciclos de grado superior, según sus estimaciones. García calcula que, con el aumento del paro y la situación de crisis, la cifra puede dispararse a más del doble este curso entre los grados medio y superior. “La demanda de alumnos para seguir formándose no deja de crecer, pero la Comunidad de Madrid no cubre esa situación. Exigimos un plan regional de Formación Profesional”, concluye.

El cielo ofrece en las próximas horas un gran espectáculo, un eclipse anular: la Luna no tapará completamente la estrella en esta ocasión al interponerse entre ella y nuestro planeta y, por tanto, se apreciará un aro de fuego alrededor de la negra circunferencia de sombra. No se verá el fenómeno desde España, de hecho, será observable en vivo sólo desde el otro lado del mundo, entre China y la costa oeste de EE UU, pero en plena era de Internet nada impide seguir el espectáculo en directo. Por ejemplo, la empresa Panasonic transmitirá el eclipse anular desde el monte Fuji, en Japón.

El eclipse empezará en el sur de China, hoy a las 22.56, hora peninsular, y a la 1.54 del lunes habrá alcanzado la máxima ocultación del Sol, cuya esfera estará tapada en un 94%, destacando el borde incandescente. La duración máxima de la anularidad será de cinco minutos y 46 segundos.

A las 4.49 del lunes, siempre hora peninsular, acaba el espectáculo. Sólo se podrá ver el fenómeno anular desde una franja de 240 a 300 kilómetros de ancho que, desde Asia, cruza 7.000 kilómetros por el Pacífico Norte y acaba en Norteamérica. El eclipse parcial, con el mordisco de la Luna en el disco solar, será visible desde un territorio mucho más amplio.

Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna pasa entre la estrella y la Tierra, ocultando la primera total o parcialmente. Si la trayectoria se cruza justo por el medio del Sol, la ocultación será total, excepto en algunos casos, como esta noche, cuando la Luna está en su punto de máximo alejamiento del planeta (siguiendo su órbita elíptica) y no alcanza a tapar del todo la esfera estelar. Es como si uno cubre con un dedo completamente el faro de un coche distante, pero estirando un poco el brazo, la yema del dedo alejado resulta aparentemente más pequeña y no cubre cubrir del todo el foco de luz.

En esta ocasión, como en cualquier eclipse, no faltarán las cámaras apuntadas al Sol y transmitiendo el fenómeno por Internet. Para aquellos afortunados que pueden presenciarlo en vivo, todos los especialistas advierten una vez más que anular, parcial o total, para ver un eclipse hay que tomar las medidas apropiadas de protección de los ojos, que pueden resultar seriamente dañados. La misma advertencia se extiende a la visión a través de telescopios, binoculares o cámaras fotográficas.

El satélite japonés Hinode, con participación de la NASA, fotografiará y filmará el fenómeno (que se verá con el fondo negro del cielo, al hacerlo desde el espacio), pero no ininterrumpidamente, dado que está en órbita terrestre y no apuntado al Sol en todo momento.

Contaban las crónicas que el Bruce Springsteen que apareció en Sevilla el pasado domingo estuvo pletórico. Mucho mejor, decían, que en sus últimas visitas. Pero en esa primera cita de la gira española de su nuevo disco, Wrecking ball, se apreciaban zonas vacías en el Estadio Olímpico La Cartuja. Una portavoz de la organización hablaba entonces de 3.000 entradas sin vender, aunque hubo quien elevó esa cifra hasta 10.000, un 25% del aforo.

 ¿El Boss pinchando en taquilla? No es posible. Hablamos de un artista que en 2008 llenó dos veces el Camp Nou. 72.000 billetes en menos de ocho horas; 153 entradas por minuto. Pero en 2012, cuando se escriben estas líneas, aún hay tickets disponibles para las citas de San Sebastián y Madrid. No llenó ni en Las Palmas de Gran Canaria, ni una de las dos noches de Barcelona, que esta vez es en el Estadi Olimpic. Desde allí, por teléfono, mientras Springsteen prueba sonido, Dani Gutiérrez, de la promotora Doctor Music, niega la mayor. “En Sevilla en 2009 se vendieron 30.000 y este año han sido 34.000. En Barcelona, apenas queda nada. En el Santiago Bernabéu de Madrid hizo un sold out entonces, y este prácticamente ya está. En San Sebastián la situación es parecida. En resumen: se está vendiendo prácticamente lo mismo, aunque es cierto que no tan rápido”.

Lo de vender “prácticamente lo mismo” pero no tan rápido no es un problema de Springsteen. Le está pasando a Coldplay, Madonna, Lady Gaga o The Black Keys. Hace apenas un año había que estar muy despierto para conseguir una entrada para uno de esos grandes acontecimientos, más sociales que artísticos, que son los conciertos de rock de estadio. Se anunciaba el día de la venta y el billetaje volaba. En 2012 duran semanas.

Y no es un problema menor. La necesidad de hacer un sold out, venderlo todo, hasta el último ticket de la grada más alejada, no es ni por capricho ni por avaricia. Este es un negocio arriesgado en el que el único que nunca pierde es el artista, que cobra su caché pase lo que pase. “Parece que los promotores hinchamos el precio de las entradas. Pero no es así. El coste lo marca el caché de los artistas”, dice Roberto Grima, codirector de la sucursal española de Live Nation, el gigante mundial del directo. “Estamos jugando a hacer siempre sold out. En cuanto quedan 1.000 entradas sin vender entras en pérdidas”.

1.000 entradas cuando se han puesto 56.000 a la venta, como en el caso del concierto de Coldplay del hoy en el Vicente Calderón, no parece mucho margen. El viernes quedaban 1.117 boletos disponibles en Ticketmaster, la web propiedad de Live Nation, que posee la exclusiva de la venta. Muchos de ellos provienen de esa última remesa que se pone a la venta cuando, tras instalar el escenario, se suelen descubrir espacios con los que no se contaba. Si se vendieran todos significarían unos nada desdeñables 67.000 euros extra.

Ni siquiera los grandes conciertos de artistas internacionales, los que en argot se conocen como Triple A, se libran de la crisis. Una tendencia preocupante. ¿Recuerdan el cambio de paradigma motivado por Internet? Una industria, la de la venta de discos, en descomposición, de la que, en teoría, se salvarían los artistas que apostaran por los directos.

Pues parece que no. A principios de año A.R.T.E., la asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo, que agrupa a más del 80% de los profesionales que se dedican a la música en directo en España, cuantificaba la deuda de los ayuntamientos en 70 millones de euros. Los municipios llevaban 30 años siendo los grandes clientes de las empresas de música en vivo en España. Con la caída del presupuesto de festejos casi a cero en 2012, más las facturas sin pagar de los espectáculos contratados en 2011 y 2010, la situación roza la hecatombe. En marzo, Emilio Santamaría, presidente de A.R.T.E., era de lo más explícito: “Estamos al borde de la extinción. Ha llegado la glaciación y nos ha pillado en calzoncillos”.

¿Ha habido una burbuja del directo? “No sé si llamarlo burbuja, pero sí que es cierto que muchas bandas han estado cobrando cantidades muy elevadas que solo se sostenían con sponsors o dinero público. Ahora que escasean los dos estamos viendo que muchos grupos no pueden seguir haciendo tantos conciertos como antes, tienen que rebajar las entradas, cancelar conciertos o tocar en recintos medio vacíos”, dice Alfonso Santiago, de la promotora bilbaína Last Tour International. “Es necesario dosificar a los artistas, no es posible hacer grandes giras cada dos o tres años en cinco o seis ciudades de España. Quizás en otro momento lo pudo llegar a ser, pero en 2012 no es posible. La pérdida de poder económico de la sociedad y el paro complican mucho las cosas”, explica Alfonso Santiago.

Él predica con el ejemplo. Esta semana, uno de sus artistas, el grupo Extremoduro, anunció su gira de 2012. No han editado disco nuevo, ni hay planes de que lo hagan, pero es su primer tour desde 2008. Siete conciertos en otras tantas ciudades. Las entradas, a unos 25 euros, se pusieron a la venta el miércoles. Y han ido bien, relativamente. En Valencia agotaron en horas. Aún quedan para los otros seis. Pero siete conciertos no son demasiado comparados con los casi 50 de la gira de 2008.

Con todo, él aún puede aspirar a llenar grandes recintos.Otros artistas, como Fito, han optado por una medida intermedia. El cantante vasco que fue creciendo y creciendo durante la pasada década hasta llenar sin pestañear recintos para 15.000 personas en cada capital de provincia, ha optado en 2012 por una gira otoñal por teatros. “Es cierto que en casi todos los casos las 2.000 primeras entradas que se venden son las más caras. Los mejores asientos. Muchos artistas, inteligentemente, han pensado que arriesgarse a ir a un pabellón para que no se llene no es buena idea. Quedan mal y corren muchos más riesgos”. Por ejemplo, Fito ha decidido que es mejor cobrar 60 euros por 2.000 entradas que la posibilidad de poner a la venta 6.000 por 20 euros y tocar en auditorios medio vacíos. “A la gente no le cuesta pagar un poco más por estar cómoda que estar en un lugar masificado”, dice Roberto Grima. Live nation, su empresa, es la responsable del directo de Coldplay en el Vicente calderón de hoy. Las entradas más caras cuestan, agárrense, 229 euros. “Es un paquete llamado golden ticket, cada vez más habitual. Hay un público, 500 o 1.000, que está pagando por el asiento, el catering y una buena cena en el mismo recinto. Está funcionando”.

Por supuesto, la gran culpable es la omnipresente crisis. “No digo nada nuevo si apunto que la recesión está retrayendo el consumo. Por supuesto que la gente se corta mucho más a la hora de comprar entradas. Se sigue queriendo ir a conciertos, pero el público se lo piensa. Ya no hay esa alegría que había antes. Y los artistas como Springsteen, que han venido varias veces en poco tiempo, son los que más se resienten”.

El asunto entonces, ya que todos coinciden en el diagnóstico, es cuál debe de ser la respuesta de las empresas a esta situación. “Aquí hay muchos modelos diferentes de concierto. Son muy distintos los gratuitos, los de sala, los de estadio... En grandes conciertos y festivales estamos viendo que se pretende cobrar lo mismo o más cada año en las entradas y, sin embargo, la economía está bajando a niveles de principios de 2000. Para hacerlos sostenibles hay que plantearse si no habría que adecuar el precio a la economía real”, aventura Alfonso Santiago.

Es cierto ese detalle: no todos los conciertos son iguales. Los mánagers y promotores de artistas pequeños y medianos también se resienten, pero de otra manera. “Es el momento de estar en las trincheras, pero es que yo siempre he estado ahí, y me siento cómodo”, dice Miguel Ángel Garrido de GIGnTIK, la agencia que representa a Russian Red. “Se venden un 20% menos de entradas. Las salas ya no contratan sino que alquilan y tú te arriesgas a la taquilla. Olvídate de que corran con los gastos de alojamiento... Bueno, se trata de ajustarte a lo que hay, como todo el mundo”. Parecido piensa Juan Santaner, de Marxophone, el sello del cantautor Nacho Vegas. “Los artistas hechos, los que juntan a 1.000 personas, lo siguen haciendo. Pero los más pequeños si antes llevaban a 200 ahora quizás sean 50. Las salas están sufriendo mucho en la barra. No solo hay peor taquilla, también se gasta menos en el bar una vez dentro”.

¿Es el momento de ir a lo seguro o de arriesgar? Y lo más importante, ¿qué es lo seguro y qué es lo arriesgado? “Todo ha cambiado mucho en meses. Mira el caso de Coldplay. Pusimos las entradas a la venta en Navidades, con su nuevo disco todavía calentito, y se vendió casi todo en tres semanas. Ahora me lo pensaría antes de poner a la venta el mismo espectáculo para septiembre. Hay que estar con los pies en el suelo”, señala Roberto Grima.

Los pies en el suelo significa que quizás vuelva a vivirse la polaridad que ya se conoció en los ominosos tiempos de Operación Triunfo. “Vamos a sufrir todos, pero creo que más los de clase media que no quieran renunciar a sus estatus. Noel Gallagher llenó a 25 euros, Kings Of Leon, también. Más caro lo dudo”, asegura Grima.

Es decir, que los Triple A seguirán llenando, aunque a otro ritmo. Los de trinchera seguirán peleando y sobreviviendo. Pero la clase media y, sobre todo, la clase media alta se resentirán. Ya lo están haciendo. La Asociación de Promotores Musicales (APM) asegura que durante 2011 el número de conciertos experimentó un descenso del 18,3% respecto al año anterior. La facturación bajó un 12,6%.

Hay menos giras, se reduce la oferta. “La gente prefiere ir a festivales”, asegura Juan Santaner. “Por un poco más de lo que le cuesta un concierto ve una docena de grupos en dos días”. Los festivales siguen siendo la gallina de los huevos de oro, pero quién sabe durante cuanto tiempo. En 2011, en Reino Unido, fueron cayendo como fichas de dominó. En España habrá que esperar. Quizás no mucho.